REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Penal de Ejecución - Cumaná Cumaná, 12 de Agosto de 2010 200º y 151º ASUNTO PRINCIPAL : RP01-P-2009-002955 ASUNTO : RP01-P-2009-002955 AUTO ACORDANDO PERMISO ESPECIAL PENADA: YOLIVER MARIA RAMÍREZ. Visto el escrito que antecede suscrito por el ABG. CARLOS ZERPA en su carácter de Defensor Privado, y a favor de la penada YOLIVER MARIA RAMÍREZ, venezolana, de 34 años de edad, titular de la cédula de identidad No. 13.98.636, soltera, de ocupación comerciante, nacido en fecha 09-05-1975, hijo residenciado en el centro poblado, barrio CANTV, Casanay Municipio Andrés Eloy del Estado Sucre, quien entre otras cosas expone: “…mi defendida ha presentado sangrado en el área vaginal en los últimos días y solicito a los custodios la trasladaran hacia el Hospital central de esta ciudad a los fines de que fuera examinada siendo negativa la respuesta de estos ya que no existía la orden de un Juez, debido a estos le solicito le ordene a los funcionarios del IAPES el traslado de mi patrocinada hasta la sede del Hospital central de esta ciudad, para que sea examinada por el galeno de guardia, con la orden expresa al funcionario policial de esperar se practique el chequeo medico… ”. PARA DECIDIR EL PEDIMENTO DE LA DEFENSA Este Tribunal observa que establece el artículo 83 Constitucional “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República. El artículo 51 de nuestra Carta maga prevé: “Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos, y a obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados conforme a la ley, pudiendo ser destituidos del cargo respectivo. Por otra parte cabe señalar que el estado debe preservar que la justicia se haga efectiva, para la garantía de una justicia y darle ese contenido como valor supremo del ordenamiento de al República como lo preconiza el artículo 2 de la misma constitución. Por su parte estable el artículo 19 constitucional establece: “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollen” En atención al pedimento de la defensa y al estar debidamente fundamentado el mismo, se considera ajustado a derecho la solicitud del defensor privado; a tales efectos, este tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley ACUERDA CON LUGAR, el requerimiento del Director del Internado de esta Ciudad y en consecuencia se ordena librar oficio al Comandante General de la Policía del Estado Sucre, a los fines de que traslade con las estrictas seguridades que el caso amerita, a la penada YOLIVER MARIA RAMÍREZ, venezolana, de 34 años de edad, titular de la cédula de identidad No. 13.98.636, soltera, de ocupación comerciante, nacido en fecha 09-05-1975, hijo residenciado en el centro poblado, barrio CANTV, Casanay Municipio Andrés Eloy del Estado Sucre, a la sede del Hospital central de esta ciudad, el día viernes 13 de AGOSTO del año 2010, en horas de la mañana, para que sea examinada por el galeno de guardia, con la orden expresa al funcionario policial de esperar se practique el chequeo medico, de conformidad a lo previsto en el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Notifíquese a las partes. Líbrese lo indicado. Cúmplase.-. EL JUEZ PRIMERO DE EJECUCIÓN, ABG. AULIO DURAN LA RIVA. EL SECRETARIO, ABG. GILBERTO FIGUERA.