TSJ Regiones - Decisión

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL, DEL TRANSITO Y BANCARIO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL
DEL ESTADO SUCRE.

198° y 149°

SENTENCIA NRO. 179-2008-I.

EXPEDIENTE No: 09686.

MOTIVO: ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL.

PARTES PRESUNTAMENTE AGRAVIADAS: ALEXANDER RENGEL; ODILA FIGUERA; SURVIA SALAZAR; MARITZA HERNÁNDEZ; FROILÁN RENGEL; INES RATIA; MIGDALIA SALAZAR; TERESA ABACHE; MARY COA; ARACELYS RIVERO; MAURA RODRÍGUEZ; MARILE COVA; LUISA RODRÍGUEZ; MERCEDES ROJAS; BRUNILDA GÓMEZ; RODOLFO VALLENILLA; TIBYSAI JIMÉNEZ; MERY MARVAL; LUISA FUENTES; NATIVIDAD ZAPATA; JOSÉ PULIDO; RODOLFO PEÑA; FRANCISCO RAMÍREZ; FERNANDA BRICEÑO; JESÚS RODRIGUEZ; JOSÉ SUÁREZ; JESÚS GONZÁLEZ; WILLIAN PEÑA; TOMAS FUENTES; CARLOS MEJÍAS; OSCAR SALAZAR; JOSÉ CARRERA; CARLOS CARIACO; JESÚS JIMÉNEZ; GRISELDA MENESESMARIA PINEDA; EIRA HIDROGO; LUIS PATIÑO; PEDRO MARQUEZ; MANUEL ISASIS; LUIS CORTESÍA; MARCOS SALVADOR TIRADO; JOSÉ BERMÚDEZ; FRANCISCO RODRÍGUEZ; SIMÓN FERMÍN; CHERRY GARCÍA; EDGAR RONDÓN; OMAR RODRÍGUEZ; HECTOR PATIÑO; JUNIOR LEONETT; JOSÉ RATIA; HENRRY GONZÁLEZ; MARCOS ANTONIO TIRADO; OSCAR CUMARE; LUIS GUZMAN; MARTÍN RODRÍGUEZ; ARMANDO JIMÉNEZ; MARÍA RAMÍREZ; IRMA CORTEZ; SCARLET ROMERO; LUISA SÁNCHEZ YSABEL RIVAS; LISBETH MAGO; YURAIMA SEGURA; EDGAR ZERPA; YELITZE VELIZ; NORMA CÓRDOVA; GREISE HIDROGO; ANA GAMARDO; EDUARDO ANDRADE; ZENAIDA PÉREZ; RAFAEL MALAVE; ZONY NARVAEZ; ANTONIO CARVAJAL; MIRIAM SURGA; YUSELIS CORTEZ; CARMEN DELGADO; SICILEY GUZMÁN; ROSA MALAVE; OLGA MAGO; GLADYS SUÁREZ; VILMANIA GAMARDO; MARÍA BENÍTEZ; JUANA LÓPEZ; ARMANDO PLANCHE; MARÍA RENGEL; AMÉRICA RODRÍGUEZ; YUSBELIS RIVAS; YUSMARIS RIVAS; YUDY CHIRINO; RAFAEL MARCHAN ; DEFINA ORIHUELA; VIRGILIO CANACHE; ARTURO MARCANO; JUAN MARCHAN; MORAYMA BENÍTEZ; SELENNE PEREDA; TIBISAY GAMARDO; ARCADIO MARIÑO; RAFAEL ARCIA; FREDDY ROQUE; GISELA CORTESIA; MINERVA BENÍTEZ; WILLLAM PAREJO; MIRIAM BENÍTEZ; HUGO ACEVEDO; CARMEN ZAPATA; PABEL BARRETO; ALCIRA VELÁSQUEZ; ABELARDO LISTA; ENEIDA GUTIÉRREZ; YESENIA LONGAR; LUISA NORIEGA; MARÍA FARIAS; LUBIS RAVELO; SONIA SALMERÓN; LUISANA VÁSQUEZ; LISBETH ALCALÁ; CARLOS CARVAJAL; ÁLVARO ASTUDILLO; EUCLIDES LASTRA; JOSÉ MAESTRE; JOSÉ PATIÑO; ARTURO CALVO; MILAGROS COVA; BELÉN CARVAJAL; VIRGILIO RONDÓN; LURDIMAR CORONADO; LUISA MARVAL; FELIX PLANCHE; HAYDEE FIGUEROA; CARMEN CAMPOS; ISRAEL HERRERA; JULIO GONZÁLEZ; HAIDET MALAVE; FRANCELIS RONDÓN; XIOMARA CASTAÑEDA; JOSÉ MARTÍNEZ MINERVA ZAPATA; y ROMELIA RAMÍREZ.

APODERADOS JUDICIALES DE LAS PARTES PRESUNTAMENTE AGRAVIADAS: ABOG. ÁNGEL GARCÍA; MARÍA JOSÉ BOADA y FAYRETH MÁRQUEZ PEREZ.

PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIANTE: GOBERNACIÓN DEL ESTADO SUCRE.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIANTE: NO TIENE ACREDITADO EN AUTOS.

Antes de pronunciarse en relación a la ADMISIBILIDAD o INADMISIBILIDAD de la presente ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, interpuesta por los abogados en ejercicio ÁNGEL GARCÍA, MARÍA JOSÉ BOADA y FAYRETH MÁRQUEZ PÉREZ, inscritos en el inpreabogado bajo el número 59.244, 119.722 y 123.126, respectivamente, con domicilio procesal en la Calle Las delicias, cruce con Blanco Fombona, número 01, Oficina A-01, actuando en su carácter de apoderado judiciales de los ciudadanos ALEXANDER RENGEL; ODILA FIGUERA; SURVIA SALAZAR; MARITZA HERNÁNDEZ; FROILÁN RENGEL; INES RATIA; MIGDALIA SALAZAR; TERESA ABACHE; MARY COA; ARACELYS RIVERO; MAURA RODRÍGUEZ; MARILE COVA; LUISA RODRÍGUEZ; MERCEDES ROJAS; BRUNILDA GÓMEZ; RODOLFO VALLENILLA; TIBYSAI JIMÉNEZ; MERY MARVAL; LUISA FUENTES; NATIVIDAD ZAPATA; JOSÉ PULIDO; RODOLFO PEÑA; FRANCISCO RAMÍREZ; FERNANDA BRICEÑO; JESÚS RODRIGUEZ; JOSÉ SUÁREZ; JESÚS GONZÁLEZ; WILLIAN PEÑA; TOMAS FUENTES; CARLOS MEJÍAS; OSCAR SALAZAR; JOSÉ CARRERA; CARLOS CARIACO; JESÚS JIMÉNEZ; GRISELDA MENESESMARIA PINEDA; EIRA HIDROGO; LUIS PATIÑO; PEDRO MARQUEZ; MANUEL ISASIS; LUIS CORTESÍA; MARCOS SALVADOR TIRADO; JOSÉ BERMÚDEZ; FRANCISCO RODRÍGUEZ; SIMÓN FERMÍN; CHERRY GARCÍA; EDGAR RONDÓN; OMAR RODRÍGUEZ; HECTOR PATIÑO; JUNIOR LEONETT; JOSÉ RATIA; HENRRY GONZÁLEZ; MARCOS ANTONIO TIRADO; OSCAR CUMARE; LUIS GUZMAN; MARTÍN RODRÍGUEZ; ARMANDO JIMÉNEZ; MARÍA RAMÍREZ; IRMA CORTEZ; SCARLET ROMERO; LUISA SÁNCHEZ YSABEL RIVAS; LISBETH MAGO; YURAIMA SEGURA; EDGAR ZERPA; YELITZE VELIZ; NORMA CÓRDOVA; GREISE HIDROGO; ANA GAMARDO; EDUARDO ANDRADE; ZENAIDA PÉREZ; RAFAEL MALAVE; ZONY NARVAEZ; ANTONIO CARVAJAL; MIRIAM SURGA; YUSELIS CORTEZ; CARMEN DELGADO; SICILEY GUZMÁN; ROSA MALAVE; OLGA MAGO; GLADYS SUÁREZ; VILMANIA GAMARDO; MARÍA BENÍTEZ; JUANA LÓPEZ; ARMANDO PLANCHE; MARÍA RENGEL; AMÉRICA RODRÍGUEZ; YUSBELIS RIVAS; YUSMARIS RIVAS; YUDY CHIRINO; RAFAEL MARCHAN ; DEFINA ORIHUELA; VIRGILIO CANACHE; ARTURO MARCANO; JUAN MARCHAN; MORAYMA BENÍTEZ; SELENNE PEREDA; TIBISAY GAMARDO; ARCADIO MARIÑO; RAFAEL ARCIA; FREDDY ROQUE; GISELA CORTESIA; MINERVA BENÍTEZ; WILLLAM PAREJO; MIRIAM BENÍTEZ; HUGO ACEVEDO; CARMEN ZAPATA; PABEL BARRETO; ALCIRA VELÁSQUEZ; ABELARDO LISTA; ENEIDA GUTIÉRREZ; YESENIA LONGAR; LUISA NORIEGA; MARÍA FARIAS; LUBIS RAVELO; SONIA SALMERÓN; LUISANA VÁSQUEZ; LISBETH ALCALÁ; CARLOS CARVAJAL; ÁLVARO ASTUDILLO; EUCLIDES LASTRA; JOSÉ MAESTRE; JOSÉ PATIÑO; ARTURO CALVO; MILAGROS COVA; BELÉN CARVAJAL; VIRGILIO RONDÓN; LURDIMAR CORONADO; LUISA MARVAL; FELIX PLANCHE; HAYDEE FIGUEROA; CARMEN CAMPOS; ISRAEL HERRERA; JULIO GONZÁLEZ; HAIDET MALAVE; FRANCELIS RONDÓN; XIOMARA CASTAÑEDA; JOSÉ MARTÍNEZ MINERVA ZAPATA; y ROMELIA RAMÍREZ, quienes son venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédula de identidad número V-11.378.833, V-8.641.896, V-9.980.384, V-3.872.280, V-8.647.465, V-8.652.678, V-5.808.989, V-5.082.406, V-5.482.018, V-8.433.242, V-5.690.203, V-9.271.578, V-5.698.964, V- 4.685.044, V-8.638.128, V-12.276.292, V-6.361.449, V-11.376.268, V-9.977.028, V-5.694.049, V-9.272.263, V-8.651.746, V-4.933.917, V-5.913.144, V-2.655.356, V-3.605.887, V-3.872.699, V-8.430.982, 5.699.361, V-4.183.415, V-9.279.793, V-11.375.627, V-11.824.820, V-9.979.902, V-8.442.203, V-17.445.876, V-13.221.985, V-5.704.480, V-2.649.217, V-5.704.493, V-2.929.564, V-4.686.825, V-11.377.709, V-5.700.206, V-5.079.577, V-11.830.868, V-14.125.943, V-11.382.648, V-3.870.482, V-14.815.539, V-2.655.321, V-V-8.436.312, V-3.755.209, V-8.443.860, V-5.708.714, V-8.641.322, V-10.466.572, V-8.648.788, V-15.290.940, V-9.977.485, V-10.950.232, V-9.271.240, V-13.835.332, V-9.976.825, V-3.873.099, V-13.631.434, V-11.380.470, V-13.784.816, V-2.921,757, V-8.642.802, V-5.705.936, V-13.051.420, V-8.433.950, V-12.663.321, V-9.975.667, V-165.314.951, V-10.465.127, V-9.977.906, V-8.400.281, V-8.425.008, V-8.644.221, V-9.977.847, V-5.700.898, V-5.212.418, V-9.974.356, V-9.270.717, V-8.640.464, V-16.313.751, V-17.540.006, V-6.767.095, V-5.084.265, V-8.426.315, V-11.381.844, V-9.278.083, V-22.626.006, 10.950.577, V-15.742.482, 13.836.406, V-3.607.944, V-8.441.214, V-5.691.625, V-5.689.510, V-5.701.139, V-9.276.981, V-5.705.780, V-5.700.114, V-5.697.749, V-8.650.692, V-5.705.627, V-8.429.544, V-9.974.716, V-14.619.335, V-11.379.641, V-11.336.677, V-12.660.684, V-8.431.345, V-5.708.056, V-12.268.896, V-8.652.640. V-8.44874, V-12.660.747, V-11.824.770, V-5.689.574, V-5.691.576, V-8.438.456, V-4.185.486, V- 5.699.963, V-11.382.940, V-5.703.636, V-11.380.395, V-8.640.762, V-5.705.905, V-13.772.912, V-8.440.617, V-15.290.093, V-18.211.816, V-13.835.682, V-15.935.333, V-8.636.183 y V-8.441.575, respectivamente y de este domicilio, en contra de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO SUCRE. Esta jurisdiscente, realiza las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:
PRIMERO: Los apoderado judicial de los presuntamente agraviados, alegan en el su escrito contentivo de la acción en comento, lo siguiente:
“… ocurrimos ante su competente autoridad para solicitar, como en efecto lo hacemos de conformidad con lo establecido en los artículos 1,7 y 13 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, AMPARO CONSTITUCIONAL conjuntamente con los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en contra de la acción agraviante de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO SUCRE, por intermedio de su Director de personal, por haber violado flagrantemente su derecho al trabajo u al salario suficiente, garantizados por los artículos 87, 89 y 91 de nuestra carta magna,…
Ante la ilegal e injusta actitud de la Gobernación del Estado Sucre, de no acatar o cumplir voluntariamente con la orden administrativa de reenganchar a los trabajadores, éstos solicitaron,…, a la Inspectoría del Trabajo,…procediera a la ejecución de la misma, resultando inoficiosas tales actuaciones,…, se trasladaron a la sede de la dirección de Personal de la gobernación del estado Sucre, para ejecutar el acto administrativo o Providencia Administrativa, vale decir, para reincorporar a los trabajadores a sus sit6ios de trabajo,…, reiteran la negativa de hacer efectivo el reenganche y pago de salarios, situación que se recoge en el informe emanado po los funcionarios de la Inspectoría de Trabajo…, incurriendo en primer lugar, en un manifiesto y evidente desacato a la decisión administrativa del trabajo, y en segundo lugar, persistir y reincidir en la violación grave de los derechos constitucionales de dichos trabajadores.
…
en orden a los hechos expuestos, y vista a documentación que se acompaña, se evidencia que la Gobernación del estado Sucre, con su conducta nugatoria violentó derechos y garantías constitucionales amparadas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente el Derecho Al trabajo, tutelado en su artículo 87 y 89,…”.
(Negrillas y subrayados del Tribunal).
SEGUNDO: Establecen los artículos 87 y 89 de la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, lo siguiente:
Art. 87:
“Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona puede obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes. La libertad de trabajo no será sometida a otras restricciones que las que la ley establezca.
Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas y creará instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones”.
(Negrillas del Tribunal).
Art. 89:
“El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios:
1. Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias.
2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.
3. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la interpretación de una determinada norma se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad.
4. Toda medida o acto del patrono contrario a esta Constitución es nulo y no genera efecto alguno.
5. Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra condición.
6. Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo integral. El Estado los o las protegerá contra cualquier explotación económica y social”.
(Negrillas del Tribunal).
Ahora bien, quien suscribe observa que se trata de una ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL que va dirigida a hacer cumplir unos ACTOS o PROVIDENCIAS ADMINISTRATIVAS dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE CUMANÁ DEL ESTADO SUCRE, en fechas diecisiete de junio del año dos mil ocho (17/06/2008); diecinueve de junio del año dos mil ocho (19/06/2008), veintitrés de junio del año dos mil ocho (23/06/2008), veintiséis de junio del año dos mil ocho (26/06/2008), primero de julio del año dos mil ocho (01/07/2008), dos de julio del año dos mil ocho (02/07/2008), dieciséis de octubre del año dos mil ocho(16/10/2008), resulta oportuno para esta Sentenciadora, a los fines de determinar la COMPETENCIA POR LA MATERIA de este Tribunal, para entrar a conocer la presente acción, traer a colación el Criterio Jurisprudencial plasmado en la Sentencia número 1352 dictada por la SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, en fecha trece de agosto del año dos mil ocho (13/08/2008), en el expediente número 06-1274, con Ponencia de la Magistrado Doctora CARMEN ZULETA DE MERCHÁN, donde estableció textualmente, lo siguiente:
“…
Que por todo lo expuesto, resulta apropiado, en aras de salvaguardar el orden procesal infringido por la Jueza Segunda de Juicio del Trabajo del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre en la Causa No. T12-Juzgado-N784-06, que esta Sala revise, mediante la presente acción de Amparo Sobrevenido, los argumentos antes expuestos para constatar que real y efectivamente el conocimiento de la acción de Amparo Constitucional propuesta por los quejosos, recae en el Tribunal Superior Contencioso Administrativo de la Región Nor Oriental y no en el Tribunal Laboral, como erróneamente fue acogido por la mencionada Juez,…
2. Que “(…) NO ES CIERTO que ‘… el juez laboral transgredió competencias que son inherente a la jurisdicción contencioso administrativo, por haber emitido un pronunciamiento del cumplimiento de una resolución proferida por la Inspectoría del Trabajo del estado (sic) Sucre,…
DE LAS DECISIONES OBJETO DE ESTUDIO POR ESTA SALA CONSTITUCIONAL

Esta Sala Constitucional, por sentencia n° 2208/2006, a solicitud de la Universidad de Oriente (UDO), avocó al conocimiento de las siguientes causas: (i) El juicio de amparo que cursó ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, y, posteriormente, ante el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, con ocasión a la acción de amparo constitucional interpuesta por los representantes de SINTRASEGUDO contra la UNIVERSIDAD DE ORIENTE;…
Cabe destacar que ambas decisiones dictadas por esa alzada son sentencias que tienen el carácter de definitivamente firmes. No obstante, en garantía de la protección constitucional y en virtud del avocamiento procederá a conocer de las mismas en aplicación de los artículos 5, cardinales 4, 16 y 48 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de advertir violaciones a la Constitución.
En ejercicio de la potestad de avocamiento, la Sala procede a conocer de las siguientes causas:
a.- Con ocasión al amparo.
a.1. Primera instancia: La sentencia dictada el 9 de agosto de 2006 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre.
“SOSTIENE LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA QUE LA ACCIÓN DE AMPARO EJERCIDA POR LOS PRESUNTOS QUEJOSOS SE ENCUENTRA FUNDAMENTADA EN UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA QUE EMANA DE LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE CUMANÁ, COMO LO ES LA SUPUESTA ORDEN DE REINCORPORACIÓN A SUS PUESTOS DE TRABAJO DE LOS QUEJOSOS, Y HABIDA CONSIDERACIÓN DE QUE ESTA DECISIÓN ADMINISTRATIVA CUYO PRESUNTO DESACATO SE PRETENDE RESTITUIR MEDIANTE ESTA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL. DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS DOCTRINARIOS Y JURISPRUDENCIALES EMANADO DE LA SALA CONSTITUCIONAL, LA CUAL ES VINCULANTE PARA TODAS LAS SALAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Y ESPECIALMENTE DE TODOS LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA, A RECONOCER QUE LA COMPETENCIA PARA CONOCER LOS ACCIONES DE AMPARO CONSTITUCIONALES QUE ESTÉN FUNDAMENTADAS EN ACTOS U ACTUACIONES DE LAS INSPECTORÍAS DEL TRABAJO, SON DE ESTRICTA ÚNICA Y EXCLUSIVA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CORRESPONDIENTE Y EN MODO ALGUNO DE LOS TRIBUNALES LABORALES COMO SE PRETENDE EN ESTE CASO Y EN RAZÓN DE ELLO SOLICITA QUE EL TRIBUNAL DECLINE LA COMPETENCIA EL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN NOR-ORIENTAL.
…
V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
…
Establecido lo anterior, en el presente caso, esta Sala procederá a conocer únicamente del juicio de amparo constitucional, para lo cual, observa:
El Sindicato de Trabajadores de Seguridad Fundaudo (SINTRASEGUDO) introdujo en el año 2005 ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Sucre, un pliego de peticiones con carácter conflictivo por incumplimiento de las obligaciones legales en las condiciones de trabajo contra quien habían considerado era su patrona, la sociedad Seguridad Fundaudo C.A.
Una vez instaurado este procedimiento conflictivo, en la oportunidad del ejercicio del derecho a huelga con el aseguramiento de los servicios básicos esenciales, la sociedad Seguridad Fundaudo C.A. interpuso acción de amparo constitucional contra SINTRASEGUDO, por considerar que la situación contravenía el normal funcionamiento de la Universidad de Oriente.
Esta acción de amparo fue declarada sin lugar por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, mediante sentencia dictada el 29 de noviembre de 2005. No obstante, esta sentencia ordenó a la Universidad de Oriente (UDO) y al Sindicato de Trabajadores de Seguridad Fundaudo (SINTRASEGUDO) ventilar la solución del conflicto ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Sucre, razón por la cual, se apercibió a la Universidad de Oriente (UDO) para conciliar con los trabajadores.
En la oportunidad de acatar lo ordenado en la sentencia, la Universidad de Oriente (UDO) alegó ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Sucre que no mantenía una relación laboral con estos trabajadores, sino un contrato de servicios con quien sería la verdadera patrona de los trabajadores; esto es la sociedad Seguridad Fundaudo C.A.
No obstante, la Inspectoría del Trabajo del Estado Sucre en ese procedimiento administrativo consideró que existían elementos probatorios que determinaban el control accionario de la Universidad de Oriente y de la Fundación para el Desarrollo y Promoción de la Universidad de Oriente (FUNDAUDO) sobre Seguridad Fundaudo C.A.
LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, EN LUGAR DE ACATAR LA DECISIÓN, PROCEDIÓ A RESCINDIR EL CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA QUE MANTENÍA CON SEGURIDAD FUNDAUDO C.A. ESTO CONLLEVÓ A LOS TRABAJADORES A PEDIR PROTECCIÓN ANTE LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO SUCRE, QUIEN EMITIÓ UN PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “AUTO” APLICANDO EL DECRETO EJECUTIVO NÚM. 3.957, DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2005, QUE GARANTIZABA LA ESTABILIDAD POR LA INAMOVILIDAD LABORAL, ORDENANDO LA REINCORPORACIÓN INMEDIATA Y EFECTIVA A SUS CARGOS DE LOS TRABAJADORES DE SEGURIDAD FUNDAUDO, C.A.
LOS TRABAJADORES DENUNCIARON QUE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE NO ACATÓ LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA, POR LO QUE INTERPUSIERON ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL.
ESTA ACCIÓN FUE DECLARADA PARCIALMENTE CON LUGAR MEDIANTE SENTENCIA DICTADA EL 9 DE AGOSTO DE 2006, POR EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. POSTERIORMENTE, EL JUZGADO PRIMERO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE DICTÓ, EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2006, SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA, CONFIRMANDO LA DECISIÓN APELADA.
ESTABLECIDO LO ANTERIOR, CORRESPONDE DETERMINAR SI LA SENTENCIA DE AMPARO CONTRAVINO EL PRINCIPIO ATINENTE A LA COMPETENCIA MATERIAL QUE ATAÑE AL ORDEN PÚBLICO Y DEL CARÁCTER MERAMENTE RESTITUTORIO DEL AMPARO AL CREAR NUEVOS DERECHOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES, QUIENES, SEGÚN LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, NO FORMAN PARTE DE SU PERSONAL, POR LO QUE AL ATRIBUIRLES MEDIANTE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL TAL CONDICIÓN, SE DESNATURALIZÓ EL CARÁCTER MERAMENTE TUITIVO DEL AMPARO.
TAMBIÉN DEBE CONSIDERARSE EL ALEGATO REFERIDO A LA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO POR VULNERACIÓN DEL DERECHO AL JUEZ NATURAL, POR CUANTO LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE ALEGA QUE LOS AMPAROS INTERPUESTOS EN CUMPLIMIENTO DE LAS PROVIDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LAS INSPECTORÍAS DEL TRABAJO DEBEN SER CONOCIDOS POR LOS TRIBUNALES CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS Y NO POR LOS LABORALES, DE CONFORMIDAD CON LA DOCTRINA VINCULANTE DICTADA POR ESTA SALA CONSTITUCIONAL.
AL RESPECTO, ESTA SALA OBSERVA QUE EXISTE UN ACTO ADMINISTRATIVO DICTADO POR LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO SUCRE, DESTINADO A PROTEGER A LOS TRABAJADORES DE SINTRASEGUDO POR EL FUERO ESPECIAL, MOTIVADO POR LA INTRODUCCIÓN DEL PLIEGO CONFLICTIVO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE HUELGA, Y POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE INAMOVILIDAD LABORAL ESTABLECIDO SEGÚN DECRETO NÚM. 3.957, DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
CABE SEÑALAR QUE EL CONOCIMIENTO DE LAS ACCIONES DE AMPARO PARA EJECUTAR PROVIDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LAS INSPECTORÍAS DEL TRABAJO ES COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, POR JURISPRUDENCIA ASENTADA POR ESTA SALA CONSTITUCIONAL, SIENDO NECESARIO QUE LOS AMPAROS SEAN INTERPUESTOS ANTE LOS JUZGADOS SUPERIORES CON COMPETENCIA EN ESTA MATERIA.
DE MODO QUE, EN JURISPRUDENCIA DE ESTA SALA, LOS TRIBUNALES LABORALES CARECEN DE COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS AMPAROS INTERPUESTOS PARA CUMPLIR PROVIDENCIAS DE LAS INSPECTORÍAS DEL TRABAJO. ESTE CRITERIO HA SIDO ESTABLECIDO Y AMPLIAMENTE REITERADO EN LAS REFERIDAS SENTENCIAS NÚMS. 1318/2001 (CASO: NICOLÁS ALCALÁ RUIZ) Y 2862/2002 (CASO: RICARDO BARONI UZCÁTEGUI). RESPECTO A LA PRIMERA DE ESAS DECISIONES, ESTABLECIÓ:
…
CONFORME A LOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES TRANSCRITOS, YA VIGENTES PARA EL MOMENTO EN QUE SE DICTARON LAS SENTENCIAS DE AMPARO POR LOS TRIBUNALES LABORALES QUE HAN SIDO OBJETO DEL PRESENTE AVOCAMIENTO, ESTA SALA DECLARA QUE, AL CARECER DE COMPETENCIA LOS JUECES QUE DICTARON LAS MISMAS, SE VIOLENTÓ LA GARANTÍA DE ORDEN PÚBLICO CONSTITUCIONAL DEL JUEZ NATURAL, Y EN VIRTUD DE ELLO, DECLARA NULO EN SU TOTALIDAD ESTE PROCEDIMIENTO DE AMPARO, LO CUAL, INCLUYE, LA SENTENCIA DICTADA, EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2006, POR EL JUZGADO PRIMERO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE, QUE DECLARÓ SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, ASÍ COMO LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA DICTADA, EL 9 DE AGOSTO DE 2006, POR EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE, QUE HABÍA DECLARADO PARCIALMENTE CON LUGAR EL AMPARO CONSTITUCIONAL. ASÍ SE DECIDE.
…”.
(Negrillas, subrayados y mayúsculas del Tribunal).

Con relación al Criterio Jurisprudencial antes transcrito parcialmente, y el cual es vinculante para todos los Tribunales de la República Bolivariana de Venezuela, y que esta Juzgadora comparte en todo su contenido, del mismo se desprende que toda ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL que tenga como finalidad hacer cumplir un ACTO o PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA dictada por las INSPECTORÍAS DEL TRABAJO, debe ser conocida por la JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, ahora bien, se evidencia de los alegatos esgrimidos en el escrito que dio nacimiento a este pronunciamiento, que la ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por ante este Tribunal tiene como finalidad hacer cumplir las PROVIDENCIAS ADMINISTRATIVAS dictadas por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE CUMANÁ DEL ESTADO SUCRE, en fechas diecisiete de junio del año dos mil ocho (17/06/2008); diecinueve de junio del año dos mil ocho (19/06/2008), veintitrés de junio del año dos mil ocho (23/06/2008), veintiséis de junio del año dos mil ocho (26/06/2008), primero de julio del año dos mil ocho (01/07/2008), dos de julio del año dos mil ocho (02/07/2008), dieciséis de octubre del año dos mil ocho(16/10/2008), resulta evidente que este Tribunal no es el Competente para conocer del la ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL en estudio de conformidad a la sentencia anteriormente mencionada y transcrita en concordancia con el articulo 28 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. ASI DE DECIDE.

Por todos los razonamientos de hecho y de derecho, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y BANCARIO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE POR LA MATERIA PARA CONOCER de la presente ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, interpuesto por los abogados en ejercicio ÁNGEL GARCÍA, MARÍA JOSÉ BOADA y FAYRETH MÁRQUEZ PÉREZ, inscritos en el inpreabogado bajo el número 59.244, 119.722 y 123.126, respectivamente, con domicilio procesal en la Calle Las delicias, cruce con Blanco Fombona, número 01, Oficina A-01, actuando en su carácter de apoderado judiciales de los ciudadanos ALEXANDER RENGEL; ODILA FIGUERA; SURVIA SALAZAR; MARITZA HERNÁNDEZ; FROILÁN RENGEL; INES RATIA; MIGDALIA SALAZAR; TERESA ABACHE; MARY COA; ARACELYS RIVERO; MAURA RODRÍGUEZ; MARILE COVA; LUISA RODRÍGUEZ; MERCEDES ROJAS; BRUNILDA GÓMEZ; RODOLFO VALLENILLA; TIBYSAI JIMÉNEZ; MERY MARVAL; LUISA FUENTES; NATIVIDAD ZAPATA; JOSÉ PULIDO; RODOLFO PEÑA; FRANCISCO RAMÍREZ; FERNANDA BRICEÑO; JESÚS RODRIGUEZ; JOSÉ SUÁREZ; JESÚS GONZÁLEZ; WILLIAN PEÑA; TOMAS FUENTES; CARLOS MEJÍAS; OSCAR SALAZAR; JOSÉ CARRERA; CARLOS CARIACO; JESÚS JIMÉNEZ; GRISELDA MENESESMARIA PINEDA; EIRA HIDROGO; LUIS PATIÑO; PEDRO MARQUEZ; MANUEL ISASIS; LUIS CORTESÍA; MARCOS SALVADOR TIRADO; JOSÉ BERMÚDEZ; FRANCISCO RODRÍGUEZ; SIMÓN FERMÍN; CHERRY GARCÍA; EDGAR RONDÓN; OMAR RODRÍGUEZ; HECTOR PATIÑO; JUNIOR LEONETT; JOSÉ RATIA; HENRRY GONZÁLEZ; MARCOS ANTONIO TIRADO; OSCAR CUMARE; LUIS GUZMAN; MARTÍN RODRÍGUEZ; ARMANDO JIMÉNEZ; MARÍA RAMÍREZ; IRMA CORTEZ; SCARLET ROMERO; LUISA SÁNCHEZ YSABEL RIVAS; LISBETH MAGO; YURAIMA SEGURA; EDGAR ZERPA; YELITZE VELIZ; NORMA CÓRDOVA; GREISE HIDROGO; ANA GAMARDO; EDUARDO ANDRADE; ZENAIDA PÉREZ; RAFAEL MALAVE; ZONY NARVAEZ; ANTONIO CARVAJAL; MIRIAM SURGA; YUSELIS CORTEZ; CARMEN DELGADO; SICILEY GUZMÁN; ROSA MALAVE; OLGA MAGO; GLADYS SUÁREZ; VILMANIA GAMARDO; MARÍA BENÍTEZ; JUANA LÓPEZ; ARMANDO PLANCHE; MARÍA RENGEL; AMÉRICA RODRÍGUEZ; YUSBELIS RIVAS; YUSMARIS RIVAS; YUDY CHIRINO; RAFAEL MARCHAN ; DEFINA ORIHUELA; VIRGILIO CANACHE; ARTURO MARCANO; JUAN MARCHAN; MORAYMA BENÍTEZ; SELENNE PEREDA; TIBISAY GAMARDO; ARCADIO MARIÑO; RAFAEL ARCIA; FREDDY ROQUE; GISELA CORTESIA; MINERVA BENÍTEZ; WILLLAM PAREJO; MIRIAM BENÍTEZ; HUGO ACEVEDO; CARMEN ZAPATA; PABEL BARRETO; ALCIRA VELÁSQUEZ; ABELARDO LISTA; ENEIDA GUTIÉRREZ; YESENIA LONGAR; LUISA NORIEGA; MARÍA FARIAS; LUBIS RAVELO; SONIA SALMERÓN; LUISANA VÁSQUEZ; LISBETH ALCALÁ; CARLOS CARVAJAL; ÁLVARO ASTUDILLO; EUCLIDES LASTRA; JOSÉ MAESTRE; JOSÉ PATIÑO; ARTURO CALVO; MILAGROS COVA; BELÉN CARVAJAL; VIRGILIO RONDÓN; LURDIMAR CORONADO; LUISA MARVAL; FELIX PLANCHE; HAYDEE FIGUEROA; CARMEN CAMPOS; ISRAEL HERRERA; JULIO GONZÁLEZ; HAIDET MALAVE; FRANCELIS RONDÓN; XIOMARA CASTAÑEDA; JOSÉ MARTÍNEZ MINERVA ZAPATA; y ROMELIA RAMÍREZ, quienes son venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédula de identidad número -11.378.833, V-8.641.896, V-9.980.384, V-3.872.280, V-8.647.465, V-8.652.678, V-5.808.989, V-5.082.406, V-5.482.018, V-8.433.242, V-5.690.203, V-9.271.578, V-5.698.964, V- 4.685.044, V-8.638.128, V-12.276.292, V-6.361.449, V-11.376.268, V-9.977.028, V-5.694.049, V-9.272.263, V-8.651.746, V-4.933.917, V-5.913.144, V-2.655.356, V-3.605.887, V-3.872.699, V-8.430.982, 5.699.361, V-4.183.415, V-9.279.793, V-11.375.627, V-11.824.820, V-9.979.902, V-8.442.203, V-17.445.876, V-13.221.985, V-5.704.480, V-2.649.217, V-5.704.493, V-2.929.564, V-4.686.825, V-11.377.709, V-5.700.206, V-5.079.577, V-11.830.868, V-14.125.943, V-11.382.648, V-3.870.482, V-14.815.539, V-2.655.321, V-V-8.436.312, V-3.755.209, V-8.443.860, V-5.708.714, V-8.641.322, V-10.466.572, V-8.648.788, V-15.290.940, V-9.977.485, V-10.950.232, V-9.271.240, V-13.835.332, V-9.976.825, V-3.873.099, V-13.631.434, V-11.380.470, V-13.784.816, V-2.921,757, V-8.642.802, V-5.705.936, V-13.051.420, V-8.433.950, V-12.663.321, V-9.975.667, V-16.314.951, V-10.465.127, V-9.977.906, V-8.400.281, V-8.425.008, V-8.644.221, V-9.977.847, V-5.700.898, V-5.212.418, V-9.974.356, V-9.270.717, V-8.640.464, V-16.313.751, V-17.540.006, V-6.767.095, V-5.084.265, V-8.426.315, V11.381.844, V-9.278.083, V-22.626.006, 10.950.577, V-15.742.482, 13.836.406, V-3.607.944, V-8.441.214, V-5.691.625, V-5.689.510, V-5.701.139, V-9.276.981, V-5.705.780, V-5.700.114, V-5.697.749, V-8.650.692, V-5.705.627, V-8.429.544, V-9.974.716, V-14.619.335, V-11.379.641, V-11.336.677, V-12.660.684, V-8.431.345, V-5.708.056, V-12.268.896, V-8.652.640. V-8.44874, V-12.660.747, V-11.824.770, V-5.689.574, V-5.691.576, V-8.438.456, V-4.185.486, V- 5.699.963, V-11.382.940, V-5.703.636, V-11.380.395, V-8.640.762, V-5.705.905, V-13.772.912, V-8.440.617, V-15.290.093, V-18.211.816, V-13.835.682, V-15.935.333, V-8.636.183 y V-8.441.575, respectivamente y de este domicilio, en contra de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO SUCRE. ASI SE DECIDE.

En consecuencia DECLINA la COMPETENCIA al JUZGADO SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN NOR-ORIENTAL, al cual se le remitirá el presente expediente, mediante oficio, una vez que haya transcurrido íntegramente el lapso para intentar el recurso de REGULACIÓN DE COMPETENCIA establecido en la Ley. ASI DE ESTABLECE.

Publíquese, Regístrese, Diaricese, Déjese Copia Certificada y Publíquese en la Pagina Web de este Tribunal.

Dada, Firmada y Sellada en el Salón de Despacho del JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. En Cumaná a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil ocho (04/11/2008). Años 198° y 149°.
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DRA. MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ URBANEJA;
Jueza Temporal;

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ABOG. ISMEIDA BEATRIZ LUNA T. DE BONILLO;
Secretaria;

NOTA: En esta misma fecha (04/11/2008) y previos los requisitos de Ley, siendo la dos y treinta de la tarde (02:30 p.m.), se publicó la anterior Sentencia.

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ABOG. ISMEIDA BEATRIZ LUNA T. DE BONILLO;
Secretaria;

MATERIA: CIVIL.

SENTENCIA INTERLOCUTORIA.

MLRU/iblt/brrm.