REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO PRIMERO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE Cumaná, 20 de octubre de 2006 196° y 147° SENTENCIA DEFINITIVA ASUNTO: T-1-S Nº 934-98 PARTE ACTORA: Ciudadano MÁXIMO JOSÉ RODRIEGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-5.693.361. APODERADO DE LA PARTE ACTORA: abogado ORANGEL JOSÉ RIVERO NUÑEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 71.063. PARTE DEMANDADA: REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA A TRAVES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y TIERRAS. MOTIVO: CONSULTA OBLIGATORIA. Conoce esta Alzada de las presentes actuaciones en virtud de sentencia dictada en fecha 07 de julio del año 2006, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio de esta misma Circunscripción Judicial, la cual declaro la Solicitud de Calificación de Despido Reenganche y Pago de Salarios Caídos, intentada por el ciudadano ORANGEL JOSÉ RIVERO NUÑEZ Contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA A TRAVES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y TIERRAS. Una vez notificado el ente demandado, esta alzada se avoca al conocimiento de la causa a través de auto de fecha 17-10-2006, siendo la oportunidad procesal para decidir con relación a la presente apelación, previamente pasa esta alzada al análisis minucioso de las actas procesales: DE LA SENTENCIA EN CONSULTA En la oportunidad procesal de proferir su fallo el juzgado a quo dejo sentado que en atención a la doctrina y la jurisprudencia, en la presente causa se tienen por ciertos los hechos respecto a la existencia de una relación laboral, la fecha de ingreso y de egreso, además del salario del trabajador y la causa del despido, por lo que, el apoderado judicial de la Republica se encontraba obligado a demostrar que el despido fue justificado, y de las actas procesales no emana ningún elemento que lo demuestre por lo que forzosamente debe concluir este sentenciador que el despido fue injustificado. Así las cosas, deberá esta sentenciadora determinar en primer lugar si en el presente juicio se le cumplieron estrictamente las prerrogativas procesales de las cuales goza el ente demandado, y en segundo lugar, si el sentenciador de la sentencia objeto de consulta determino correctamente la carga de la prueba en sintonía con los argumentos de la parte actora, la contestación al fondo de la demanda, y las pruebas producidas en el juicio, emitiendo por lo tanto un fallo en sintonía con nuestra legislación y la jurisprudencia pacifica y reiterada de nuestra Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, cuya observancia es de carácter obligatorio para los jueces del trabajo, con la finalidad de defender la integridad de la legislación, y la uniformidad de la jurisprudencia, por disposición expresa del articulo 177 de la Ley Orgánica del Trabajo, para lo cual se considera necesario realizar las siguientes acotaciones. El artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece que en aquellos procesos en los cuales se encuentran involucrados los derechos, bienes o intereses patrimoniales de la Republica, los funcionarios judiciales deben observar los privilegios y prerrogativas consagrados en leyes especiales. El Decreto con fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, en su artículo 63 señala, que los privilegios y prerrogativas procesales de la Republica son irrenunciables y deben ser aplicados por las autoridades judiciales en todos los procedimientos ordinarios y especiales en que sea parte la Republica. Por su parte el articulo 6 de la Ley Orgánica de Hacienda Publica Nacional establece, que cuando los apoderados o mandatarios de la Nación no asistan al acto de contestación de las demandas intentadas contra ellas, o excepciones que hayan sido opuestas se tendrán unas y otras como contradichas en todas sus partes, sin perjuicio de la responsabilidad que la omisión apareja al representante del fisco. De igual forma el articulo 66 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica establece que, cuando el Procurador o Procuradora General de la Republica , o los abogados que ejerzan la representación de la Republica no asistan a los actos de contestación de las demandas intentadas contra esta, o de las cuestiones previas que hayan sido opuestas, las mismas se tienen como contradichas en todas sus partes, sin perjuicio de la responsabilidad personal del funcionario por los daños causados a los derechos bienes e intereses patrimoniales de la Republica. Al respecto la Sala de Casación Social en sentencia Nº 263 de fecha 25 de marzo del año 2004, al analizar las normas citadas y los privilegios procesales de la Republica estableció que…” los derechos, intereses, y bienes de la Republica no pueden concebirse afectados por la negligencia del profesional del derecho que en un momento dado ejerza su representación , en consecuencia, y en el perímetro del asunto en comento, uno de los privilegios de la Republica que debe honrarse es el precisamente el alegado por la parte recurrente en la denuncia , a saber, el contenido en el articulo 6ª de la Ley Orgánica de Hacienda Publica Nacional…” omisis… Al revisar las actas procesales se observa que en fecha 07 de julio del año 2006, el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, ordeno la notificación de la Procuraduría General de la República, por lo que esta alzada una vez verificado lo anterior pasa de seguidas a analizar el fondo de la presente causa. ANTECEDENTES DEL CASO En términos generales el ciudadano actor en la oportunidad de interponer su solicitud, alego que desde el 02-02-1982, empezó a prestar sus servicios para EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y TIERRAS, desempeñando el cargo de Vigilante, y una remuneración mensual de Bs. 112.000,00 y que en fecha 15-06-1998, fue despedido sin haber dado motivos para ello, por lo que solicita proceda el tribunal a calificar su despido como injustificado y ordenar su Reenganche con el consecuente pago de los salarios caídos. Siendo la oportunidad procesal para dar contestación al fondo de la causa se observa que la representación judicial de la parte demandada, no ejerció su derecho a la defensa, mas sin embargo, a tenor de lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional, se tiene como negadas y contradichas todas las pretensiones de la parte actora, por ser la demandada un ente centralizado del Estado, sin embargo no se evidencia de las actas procesales que la parte demandada haya demostrado que procedió a despedir justificadamente a el ciudadano actor, circunstancias que llevan al animo de esta alzada a confirmar el fallo proferido por el a quo, declarando con lugar la demanda. Así se establece. DECISIÓN Por lo que este Tribunal Primero Superior del Trabajo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SE CONFIRMA EL FALLO de fecha 07 de julio de 2006 dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre. SEGUNDO: SE DECLARA CON LUGAR la demanda intentada por el ciudadano MÁXIMO JOSÉ RODRIEGUEZ contra LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA en la persona del MINISTERIO DE AGRICULTURA Y TIERRAS. TERCERO: REMÍTASE copia de la presente decisión a la Procuraduría General de La República. CUARTO: REMÍTASE la presente causa en su oportunidad legal al Juzgado de origen. Líbrese oficio. Publíquese, regístrese, agréguese a los autos y déjese copia de esta decisión. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en Cumaná, a los veinte (20) días del mes de octubre del año 2006. Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación. LA JUEZ SUPERIOR ANA DUBRASKA GARCIA LA SECRETARIA EUNIFRANCIS ARISTIMUÑO NOTA: En esta misma fecha previas las formalidades de Ley, se dictó y publicó la anterior sentencia. LA SECRETARIA EUNIFRANCIS ARISTIMUÑO T-1-S Nº 934-98