REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL DE PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. SEDE CUMANA
SALA DE JUICIO
JUEZ UNIPERSONAL Nº 2
PARTE ACTORA: YSMARI SEFERINA ORTIZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°: 13.053.030 y domiciliada en Tres Picos, Calle Los Olivos N°: 60, Cumaná, Estado Sucre, asistida por el Abg JESUS MANUEL MOYA M., en su condición de Fiscal Cuarto del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial.
PARTE DEMANDADA: LUIS RAFAEL RIVAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº: 11.824.687 y domiciliado en Agua Santa, Primara Entrada, Casa s/n, Cumaná-Cumanacoa del Estado Sucre
HIJOS: Se omite el nombre de conformidad con los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.-
Se inicia el presente proceso en razón de escrito presentado por la ciudadana YSMARI SEFERINA ORTIZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°: 13.053.030 y domiciliada en Tres Picos, Calle Los Olivos N°: 60, Cumaná, Estado Sucre, en su carácter de progenitora de sus hijos Se omite el nombre de conformidad con los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, asistida por el Abg JESUS MANUEL MOYA M., en su condición de Fiscal Cuarto del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, quien manifestó que el padre ciudadano LUIS RAFAEL RIVAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº: 11.824.687 y domiciliado en Agua Santa, Primara Entrada, Casa s/n, Cumaná-Cumanacoa del Estado Sucre, no cumple desde el mes de diciembre del año 2005 y bonificación de fin año, por lo que solicita se sirva conminar al referido ciudadano al cumplimiento de la Obligación Alimentaría. Acompaña a su escrito, copias certificadas de las actas de nacimientos y de la sentencia respectiva.-
En fecha veinte (20) de abril del año dos mil seis (2006), este Tribunal de Protección Admitió la demanda, y ordenó la citación del demandado.
En fecha treinta (30) de mayo del año dos mil seis (2006), el Alguacil del Tribunal consigno la boleta de citación del demandado. En la misma fecha se dictó auto acordonándose la comparecencia de la ciudadana YSMARI SEFERINA ORTIZ, para el día 02-06-2006, a los fines de celebrar acto conciliatorio, a las 11:00 a.m., se libró telegrama N°: 644-06.
En fecha cinco (05) de junio del año dos mil seis (2006), siendo el día y la hora fijada para celebrarse el acto conciliatorio se dejo constancia de la comparencia de las partes, quines se entrevistaron con la Jueza y no hubo acuerdo. En la misma fecha el demandado consigno escrito con anexos.
En fecha quince (15) de junio del año dos mil seis (2006), el demandado de autos, debidamente asistido de abogado, presento escrito de pruebas y anexos, siendo agregado a los autos, salvo su apreciación en la definitiva.
En fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil seis (2006), el Fiscal Cuarto del Ministerio Público de esta Circunscripción, presento escrito de pruebas y anexo, siendo agregado a los autos, salvo su apreciación en la definitiva.
El Tribunal para decidir observa:
Cumplidas las etapas procesales en la presente causa, procede de seguidas este Tribunal a decidir la misma.-
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, prevé en su artículo 75, que las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común entre otros aspectos, y en su artículo 76, que el padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas, apuntando en su artículo 78 que los niños y niñas son sujetos plenos de derecho y están protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, quienes respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de dicha carta magna, la Convención sobre los derechos del niño y demás tratados internacionales que sean Ley de la República.-
El artículo 30 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente prevé que estos tienen derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo integral, lo que incluye entre otros aspectos el que puedan disfrutar de buena y suficiente alimentación, así como vestido y vivienda, previendo el artículo 366 ejusdem, que la obligación alimentaria es un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida, la cual corresponde al padre y a la madre respecto de sus hijos que no hayan alcanzado la mayoridad, por su parte el 365 de la citada Ley, establece todo lo que comprende la obligación alimentaria, así señala: vestido, habitación, educación, cultura, asistencia medica, medicinas, recreación, deportes y todo lo relativo al sustento.-
Se concreta el planteamiento de la parte actora en el hecho que en los actuales momentos el padre de sus hijos, no cumple con la obligación alimentaria, desde el mes diciembre del año 2005, y la bonificación de fin de año, por lo que solicita se sirva conminar al referido ciudadano al cumplimiento de la Obligación Alimentaría.
Cabe la pena señalar de lo anteriormente expuesto, que la única manera de demostrar que no debe la deuda que se le imputa, es con recibos de pagos o depósitos bancarios, y en autos no consta prueba alguna que demuestra que cumple con la obligación alimentaria, en consecuencia hay que verificar cuanto debe y ser conminado a cancelar, en tal sentido la deuda existe y debe ser cancelada. Así se decide.-
El demandado manifestó que no puede cubrir los montos establecidos en la sentencia dictada en fecha en diciembre del año 2005, por cuanto sus ingresos no son estables y tiene otras obligaciones, es decir tiene otra familia y cubre los gatos de su madre y hermanas.
En relación a lo expuesto por el demandado, debe aclararse que la prioridad para la manutención la tienen sus hijos de autos, así como el otro hijo, y posterior su madre, por consiguiente cuando se dicto sentencia en diciembre del año 2005, no manifestó tener otra familia, ni otras obligaciones, por tal motivo no puede alegar en esta procedimiento tales supuestos, en consecuencia debe cumplir con los montos establecidos anteriormente.
Ahora bien, atendiendo que quedó demostrada la omisión del aporte por parte del padre, y observando que los destinatarios de la obligación alimentaria son sus hijos, quienes están en etapa de vital desarrollo, que necesitan del cumplimiento material oportuno y suficiente del padre, para, que unido al de la madre, puedan vivir dignamente, lo cual es inherente a su derecho a la subsistencia, y observando entonces que el progenitor tiene un trabajo estable, es decir tiene ingreso de un establecimiento que tiene arrendado, que le permite contribuir acorde a su ingreso y en forma disciplinada a la cobertura de las necesidades alimentarias de sus hijos, y a la par se observa la inexistencia de otras cargas de igual prioridad que la de autos, es por lo que se concluye que la presente acción debe prosperar, y en consecuencia debe cumplir el progenitor con una suma suficiente, puntual y por adelantado para garantizar a los beneficiarios, sus derechos humanos a la vida y a un nivel de vida adecuado y así se declara.
Finalmente es imprescindible significar que así como resulta de suma importancia el que los hijos reciban oportuna y puntualmente de su padre la obligación alimentaria para que la madre disponga de la misma para cubrirle adecuadamente sus necesidades materiales, debe ésta contribuir adecuadamente y el padre poner de su parte, y en conjunto ambos, esmerarse por brindarles a sus hijos una relación sana, que sepan y entiendan que aunque sus padres no están juntos, los quieren y desean lo mejor para ellos, misión que los progenitores no podrán lograr si no establecen como prioridad en sus actuaciones, la salud física, mental y emocional de sus hijos.
Este Tribunal considera que el padre y la madre están en la obligación de aportar todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, existencias y atención médica, medicina, recreación y deporte a sus hijos menores de edad, conforme a lo pautado en el artículo 365 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. El alcance de estas obligaciones viene dado de la premisa de que el niño o adolescente tiene derecho a recibir alimentos en cantidad y calidad igual a los demás hijos que residen en el hogar del progenitor, que no viven con el obligado, de conformidad con el artículo 373 eiusdem.
Ahora bien, observa esta Juzgadora que la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en el artículo 511, no previó supuesto alguno para el caso de incumplimiento alimentario como si lo hizo en el articulo 381 eiusdem, cuando establece:
“El Juez puede acordar cualquier medida cautelar destinada a asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria, cuando exista riesgo manifiesto de que el obligado deje de pagar las cantidades que, por tal concepto, correspondan a un niño o a un adolescente. Se considera probado el riesgo cuando, habiéndose impuesto judicialmente el cumplimiento de la obligación alimentaria, exista atraso injustificado en el pago correspondiente a dos cuotas consecutivas”. (Resaltado del Tribunal).
Los supuestos para que se de esta figura son: que la obligación alimentaria se haya fijado por sentencia judicial y que exista atraso injustificado en el pago de dos (2) o mas cuotas o pensiones consecutivas. Entonces se deberá instaurar un contencioso dirigido a demostrar los supuestos legales partiendo de la pretensión del actor puesto que el debate entre la partes quedará instaurado en base a los meses denunciados por la demandante como incumplidos por el demandado, ése y no la acumulación de nuevos montos será el objeto del litigio, puesto que una interpretación semejante conduciría a la distorsión de lo discutido colocando en total indefensión a la parte demandada.
De manera que la intención del Legislador fue que se determinara el “atraso injustificado” del obligado.
El artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, norma supletoria de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, por el artículo 178, establece que se debe determinar el objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con presión. Ha dicho la jurisprudencia lo siguiente:
“.... Las pretensiones que se formulan en la demanda tiene importancia en cuanto al fondo del litigio, porque fija los limites de la sentencia, que solo puede y debe pronunciarse sobre lo que se haya pedido y hasta el máximo solicitado, aun cuando se prueba más en el proceso (si se demuestra menos de lo pedido, se debe condenar a esto únicamente. Por otra parte, los fundamentos de hecho, si bien delimitan la “causa petendi” que el juez debe considerar en las sentencias; sin embargo, son los hechos alegados y probados—no cualquier tipo de alegación—los que delimitan exactamente el sentido y el alcance de la resolución que debe adoptarse en la sentencia. Por lo demás, la máxima iudex iudicare debet secundum alligata et probata, significa, en materia de congruencia, que el juez puede considerar hechos secundarios o accesorios, si se encuentran debidamente probados, aún cuando los mismos no sean para fundar en ellos alegaciones de causas extintivas, modificativas de cumplimiento de las obligaciones.( Crf CSJ, Sent. 31-10-91, en Pierre Tapia, O. ob., cit. Nº 10,pp 121-122)…”
Por lo tanto no le está permitido al Juez considerarle al demandado por incumplimiento alimentario, aun siendo injustificado las pensiones de alimentos por vencerse, a partir de la fecha de la solicitud de cumplimiento alimentario, por ser violatorio del derecho a la defensa, por cuanto no se le permite al demandado ejercer su derecho a la defensa en la contestación, es decir, a partir de diciembre del año dos mil cinco y las subsiguientes, así como bonificación de fin de año, si las hubiere, el solicitante deberá solicitar las pensiones de alimento vencidas, de conformidad con el articulo 381 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y ASI SE DECIDE.
Del libelo de la demanda, se observa que la actora solicitó el pago del cumplimiento de las mensualidades atrasadas, correspondiente desde el mes de diciembre y bonificación de fin de año del año 2005, hasta que se dicte sentencia, las cuales suman un total de:
Pensión Fijada Meses Atrasados Total
Bs 300.000,00 Deuda Pend Dic Año 2005 300.000,oo
Bon de fin de año. Año 2005 600.000,oo
Enero hasta Junio Año 2006 1.800.000,oo
SUB TOTAL 2.700.000,oo
Interés al 12% anual 189.000,oo
TOTAL 2.889.000,oo
En consecuencia, queda fijada la deuda atrasada de la obligación alimentaria y bonificación de fin de año, correspondiente desde el mes de diciembre del año 2005, hasta que se dicte sentencia por el monto de DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL BOLIVARES (Bs. 2.889.000,oo), deuda que deberá cancelar el obligado ciudadano: LUIS RAFAEL RIVAS.
Así las cosas, evidenciado el incumplimiento por parte del obligado, y tomando en cuenta el contenido del artículo 381 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, es decir, cuando existiendo el riesgo manifiesto de que el obligado deje de pagar las cantidades acordadas o establecidas, a favor de sus hijos, las cuales fueron impuestas judicialmente, en tal sentido esta disposición lo que persigue entre uno de sus propósitos, es dejar el dictado de las medidas cautelares para aquellos casos en los que verdaderamente se justifica, por haberse probado ya el incumplimiento, es por lo que en el presente caso, y tomando en cuenta el contenido del mencionado artículo, así como el interés superior de los niños de autos, articulo 8 eiusdem, y con fundamento a la Doctrina de la Protección Integral, desarrollada en la Convención Sobre los Derechos del Niño, cual es el de promover el rol fundamental de la familia, y especialmente, la participación en la crianza del niño o del adolescente, de los pariente más cercanos a él, como sus progenitores. De igual manera la Constitución de la República en la segunda parte de su artículo 76, in fine, resalta y valora también el papel que le corresponde al padre y a la madre en la crianza, formación, educación, mantenimiento y asistencia de sus hijos, conectándolo con lo referente a la efectividad de la obligación alimentaria, en razón de lo antes expuesto, este sentenciador establece que en lo adelante el obligado deberá cumplir con los conceptos y montos establecidos en la anterior sentencia, y en relación a la deuda por el incumplimiento injustificado, debe complementar la cantidad de cien mil bolívares (Bs 100.000,oo) mensuales, hasta cubrir la referida deuda, debiendo ser entregados a la madre, así mismo deberá seguir cumpliendo con la cantidad de trescientos mil bolívares (Bs 300.000,oo) por concepto de obligación alimentaria, y por bonificación de fin de año la cantidad de seiscientos mil bolívares (Bs 600.000,oo). Así se decide.
En atención a las consideraciones antes expuestas, atendiendo a los hechos particulares del caso de autos y al derecho aplicable, con fundamento en los artículos 8, 365, y 369 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, considerando que los destinatarios de alimentos tienen derecho a que se les garantice su derecho a la subsistencia y a una vida digna, este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en decisión de la Jueza Nº 2, Sala de Juicio, Sede Cumaná, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la demanda por CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, intentada por la ciudadana: YSMARI SEFERINA ORTIZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°: 13.053.030, contra el ciudadano: LUIS RAFAEL RIVAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº: 11.824.687, y de este domicilio, en consecuencia, deberá imperativamente cumplir como aporte por concepto de obligación alimentaria y bonificación de fin de año, para contribuir las necesidades de sus hijos, antes identificados.
La presente sentencia ha sido dictada dentro de su lapso legal para ello.
Publíquese conforme al artículo 247 del Código de Procedimiento Civil y por mandato del artículo 248 ejusdem, déjese copia certificada de la presente decisión.-
Dada, firmada y sellada en la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Sucre, Sede Cumaná. En Cumaná a los veintiséis (26) días del mes de junio del año dos mil seis (2006).- Años 196º de la Independencia y 147º de la Federación. CÚMPLASE.- La Jueza (fdo) Dra. MARIA EUGENIA GRAZIANI LICET. La Secretaria (fdo) HAYARIT RODRIGUEZ. Es copia fiel y exacta de su original que certifico en la ciudad de Cumaná a los veintiséis (26) días del mes de junio del año dos mil seis (2006). Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación.-
LA SECRETARIA
Abg. HAYARIT RODRIGUEZ
Expediente Nº: TP2-2649-06
Demandante: YSMARI SEFERINA ORTIZ.-
Demandado: LUIS RAFAEL RIVAS.-
Motivo: CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA
Sentencia: Definitiva.
MEG/
|
