Tribunal Segundo de Control Sección de Adolescentes
Circuito Judicial Penal del Estado Sucre- Extensión Carúpano
Carúpano, 5 de Diciembre de 2006
196º y 147º

ASUNTO PRINCIPAL: RP11-D-2006-000135
ASUNTO: RP11-D-2006-000135

JUEZ SEGUNDO DE CONTROL: TOMÁS JOSÉ ALCALÁ RIVAS.
ACUSADO: OMISSIS.
DELITO: PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO.
VICTIMA: EL ESTADO VENEZOLANO.
FISCAL SEXTO DEL MINISTERIO PÚBLICO: MORAIMA GOYO MARTÍNEZ.
DEFENSORA PÚBLICA: LISBETH MARCANO MILANO.
SECRETARIO: JOSANDERS MEJÍAS.

Celebrada la Audiencia Preliminar correspondiente al presente asunto seguido al Adolescente OMISSIS quien mediante Dispositiva, resultó SANCIONADO con fundamento en el Procedimiento de ADMISIÓN DE HECHOS, previsto en el Artículo 583 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente a cumplir DOS (2) AÑOS, de manera simultánea con Medidas de IMPOSICIÓN DE REGLAS DE CONDUCTA Y LIBERTAD ASISTIDA, conforme a lo pautado en el Articulo 620 Literales “B” y “D” en relación con lo dispuesto en los artículos 624 y 626 Ejusdem, por la comisión del delito de PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, tipificado en el artículo 277 del Código Penal Venezolano, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, estando dentro del lapso establecido en el artículo 605 de la referida Ley Especial, corresponde a este Juzgador redactar el texto íntegro de dicho fallo, para lo cual procede en los siguientes términos:
Durante el desarrollo de la Audiencia Preliminar se procedió conforme a lo contemplado en los artículos 573 y siguientes de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, es decir, la Representación Fiscal, de viva voz formuló la acusación contra el prenombrado Adolescente, a quien responsabilizó de la comisión del delito arriba indicado, manifestando en su intervención una breve narración de los hechos ocurridos en fecha 04-07-06, cuando funcionarios adscritos al Destacamento Policial N° 3.1 de la Región Policial N° 3, del Instituto Autónomo de Policía del Estado Sucre (IAPES), de esta ciudad, siendo aproximadamente las nueve de la noche (09:00 p.m.), cuando el Cabo Primero (IAPES) JUAN GABRIEL GONZÁLEZ, en compañía de los funcionaros JORGE QUEVEDO LA ROSA y TEOFILO DEL VALLE RODRIGUEZ LEÓN, pertenecientes al mencionado Cuerpo Policial, encontrándose en labores de patrullaje por la calle siete, sector uno, de la Urbanización Guayacán de las Flores de esta ciudad, observaron a un grupo de personas que al notar la presencia de la comisión policial salieron huyendo, por lo que se originó una persecución cuyo resultado fue la aprehensión policial de quien quedó identificado como OMISSIS; localizándole en la parte delantera de la bermuda que llevaba puesta, específicamente en la cintura un arma de fuego, tipo revólver, marca Smith Wesson, pavón negro, cacha de madera, calibre 38 milímetros; procedimiento policial que además contó la presencia de un testigo instrumental de nombre GABRIEL ENRIQUE LINARES MARCANO (ver folio 42 y su vuelto).
El Ministerio Público ratificó el escrito de acusación presentado en su oportunidad, incluyendo su ofrecimiento de Medios de Pruebas entre los cuales hizo mención a los testimoniales de los EXPERTOS: ANDYS MARTÍNEZ, JACKSON DELGADO, DANNY REYES y ALFREDO DÍAZ, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub Delegación Estadal Carúpano, y las declaraciones de los TESTIGOS: C/1° (IAPES) JUAN GABRIEL GONZÁLEZ, JORGE QUEVEDO LA ROSA y TEOFILO RODRÍGUEZ LEÓN, pertenecientes al Destacamento Policial N° 3.1 de la Región Policial N° 3, de esta localidad y el ciudadano GABRIEL ENRIQUE LINARES MARCANO. Para su incorporación mediante su exhibición, la Vindicta Pública ofreció la INSPECCIÓN TÉCNICA N° 1031, de fecha 05/07/06; EXPERTICIA DE MECÁNICA Y DISEÑO N° 034, de igual fecha, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, y además solicitó como Sanción para el acusado, las Medidas contempladas en el artículo 620, Literales “B” y “D” de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente por el lapso de DOS (02) AÑOS, requiriendo al tribunal copia simple del acta levantada al efecto.
El adolescente acusado fue informado por parte del Tribunal, en un lenguaje claro, y educativo, de fácil comprensión, el hecho que le imputara el Ministerio Público, posteriormente al ser interrogado el Acusado si desea declarar manifestó su voluntad de hacerlo, previa imposición del Precepto Constitucional contenido en el artículo 49 Ordinal 5°, así como también fue informado acerca de las fórmulas de Solución Anticipada contenidas en los artículos 564 y 569 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente referentes a La Conciliación y La Remisión, respectivamente, de igual manera fue impuesto sobre la Institución de Admisión de los Hechos, prevista en el artículo 583, del referido texto legal.
Así las cosas el Adolescente OMISSIS, libre de coacción y apremio, expuso: “Admito los hechos y solicito me sea impuesta la sanción correspondiente; es todo”. (Ver acta de Audiencia Preliminar, folio 91).
La anterior declaración constituye una aceptación de los hechos por el cual resultó el adolescente acusado, en las mismas condiciones como fue planteada la acusación por el Ministerio Público, por lo que fue advertido que de admitir los hechos, lo estaría haciendo por la totalidad del hecho punible planteado.
Aceptación que valió como fundamento a este Juzgado para emitir un fallo Sancionatorio, conforme al Procedimiento de ADMISIÓN DE HECHOS, consagrado en el artículo 583 que rige la Materia Penal Especial de Adolescentes, no sin antes acotar lo siguiente:
En el Juicio Oral y Privado los Adolescentes pueden declarar en las oportunidades y formas establecidas por la Ley. En este sentido la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en su artículo 577 reza: “Declaración del imputado. Durante el desarrollo de la audiencia preliminar, el imputado podrá solicitar que se le reciba declaración, la que será tomada con las formalidades previstas. “(Fin de la cita).
Ello significa que la declaración del adolescente acusado, se regula como un Derecho que le asiste, como un Medio de Defensa y no como una obligación, al estar eximido del deber de declarar contra sí mismo, a tenor de lo establecido en el artículo 49 Ordinal 5° de nuestra Carta Magna.
Precisamente la norma ut supra, establece: "(…) La confesión será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza"; lo cual nos indica que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, si bien reconoce valor legal a la Confesión, mas aún reconoce la declaración del acusado cuando versa sobre la aceptación del hecho que se le atribuyó en las condiciones como fue planteada dicha acusación.
La Defensa Pública por su parte solicitó fuere impuesta de forma inmediata la sanción a su representado, de conformidad con lo ordenado en el artículo 583 de Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, tomándose en consideración para ello el Principio de la Proporcionalidad, previsto en el artículo 539 Ejusdem, el cual prevé que las sanciones deben ser proporcionales al hecho atribuido, y la aplicación de la rebaja correspondiente igualmente solicitó copia simple del acta levantada al efecto.

HECHOS QUE CONSIDERA COMPROBADOS ESTE TRIBUNAL

Tal como lo contempla el artículo 622 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, este Tribunal Segundo de Control de la Sección de Adolescentes, considera comprobados las siguientes pautas a tenor de los diferentes literales de la citada norma:
LITERAL “A”: Con la aceptación que el adolescente OMISSIS, hiciere del hecho tal y como fue establecido por la Fiscalía Sexta del Ministerio Público, permite quien decide considerar que se perpetró la comisión del delito de PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, tipificado en el artículo 277 del Código Penal Venezolano vigente en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO.
LITERAL “B”: Con la Admisión de Hechos formulada por el Adolescente acusado quedó demostrada la aceptación de los mismos, conforme a los hechos que narró la Fiscal Sexto (Aux.) del Ministerio Público, contenidos en su escrito de Acusación, es decir; el reconocimiento de su participación en la comisión del hecho punible cuya calificación jurídica citó el tribunal en el Literal que antecede. Que tal admisión de los hechos, efectuada por el adolescente fue realizada de manera voluntaria, lo cual supone una renuncia a derechos y garantías judiciales y que el acusado estaba en conocimiento del alcance de su aceptación y de sus consecuencias, es decir, la imposición inmediata de una sanción penal sin necesidad del contradictorio y por ello asumió su responsabilidad.
LITERAL “C”: El delito objeto del presente proceso es calificado por nuestra Legislación Penal como PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, el cual atenta directa y exclusivamente a la paz pública, en virtud a que la comisión del mismo tiene una significativa incidencia que violenta el desarrollo en armonía de la sociedad; en mejores términos el desenvolvimiento normal de la vida civil, o lo que resulta diametralmente opuesto: colocar a la sociedad a la espera de estas agresiones a sus Derechos; tipificado el tipo penal en estudio en el artículo 277 del Código Penal Venezolano vigente, cuando reza: “El porte la detentación o el ocultamiento de las armas a que se refiere el artículo anterior se castigará…”, hecho punible que según la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, prevé como sanción Medidas Reeducativas No Privativas de Libertad.
LITERAL “D”: El Adolescente OMISSIS, para el momento de cometer el hecho punible investigado, siendo por tanto procedente la aplicación de lo dispuesto en el artículo 531 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en cuanto al ámbito de aplicación de las normas jurídicas citadas.
LITERAL “E”: Al momento de aplicar las Medidas de IMPOSICIÓN DE REGLAS DE CONDUCTA Y LIBERTAD ASISTIDA, como sanciones previstas en el articulo 620 Literales “B” y “D” en concordancia con los artículos 624 y 626, todos de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente; fue aplicado el Principio de Proporcionalidad, contemplado en el artículo 539 Ibídem, más sin embargo, no fue aplicada en el presente caso rebaja alguna, por no tratarse de un delito Privativo de Libertad, tal como lo establece la parte in fine del artículo 583 de la Ley en comento. También se atendió al momento de fijar la sanción a la destacada aplicación del Principio Educativo, cuyo carácter es dominante en su fijación, tal como lo dispone el artículo 621 de la Ley Venezolana, cuando señala: "...tiene una finalidad primordialmente educativa...", tratando de compensar las deficiencias educativas y psicológicas del sancionado y los efectos criminógenos de dicha sanción. Ello es reconocido en la norma en comento, cuando más adelante reza: "... la formación integral del adolescente y la búsqueda de su adecuada convivencia familiar y social", lo cual lógicamente permite afirmar que no sólo se persigue la reinserción en la sociedad del adolescente infractor de la Ley Penal, sino además dar respuesta a la sociedad que exige seguridad y por último la contención del fenómeno criminal, a través de seguimientos psicológicos.
LITERAL “F”: El adolescente sancionado cuenta con diecisiete (17) años de edad, por ello es preponderante sostener que lo importante no es sólo como cumplir con la sanción impuesta, sino como cumplir el fin último que persigue la medida, la cual en sí, constituye el medio para el cumplimiento de fines pedagógicos y sociales, gran parte de lo enunciado se obtiene cuando el adolescente asumió su responsabilidad penal y entiende el daño que con su conducta ocasionó; y que le permita como consecuencia recibir una atención integral e individualizada a fin de reinsertarlo en la familia, la escuela y la sociedad. En definitiva el sancionado a su edad, esta en capacidad de comprender que ante todo es un ciudadano, con derechos y deberes, siendo cronológicamente capaz de entender su conducta ilícita y que la misma es reprochable por la sociedad, siendo su deber corregirla.
LITERAL “G”: Con la Admisión de Hechos el referido Adolescente OMISSIS, asumió su responsabilidad penal en la comisión del delito planteado y aceptó en consecuencia las sanciones impuestas y el contenido eminentemente educativo, más no represivo de las mismas.
LITERAL “H”: Las medidas dictadas por este Tribunal tienden a facilitar la Orientación Psicológica y supervisión requerida por el sancionado, así como la participación de sus familiares en el proceso constante de orientación que permitan al Adolescente sancionado, tomar conciencia sobre el delito perpetrado y aprender a canalizar en mejor forma sus necesidades y evitar correr riesgo social que puede convertirlo en presa fácil del mundo delictivo.


DISPOSITIVA

Este Tribunal Segundo de Control de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, Extensión Carúpano, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por Autoridad de la Ley, acuerda:

PRIMERO: SE SANCIONA al adolescente OMISSIS; por el Procedimiento de ADMISIÓN DE LOS HECHOS previsto en el artículo 583 de la ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, a cumplir Dos (02) Años de manera simultánea con medidas de IMPOSICIÓN REGLAS DE CONDUCTA Y LIBERTAD ASISTIDA, contempladas en el artículo 620, literales “b” y “d” de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente; por la comisión del delito de PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, tipificado en el artículo 277 del Código Penal, en perjuicio del Estado Venezolano.
SEGUNDO: SE NIEGA LA REBAJA DE LA SANCIÓN que solicitase la Defensa con fundamento en la aplicación del Principio de Proporcionalidad, establecido en el artículo 539 de la Ley Especial, por tratarse de uno de los delitos No Privativos de Libertad y en acatamiento a lo dispuesto en la parte final del artículo 583 Ejusdem. Se acuerdan las copias solicitadas. Cúmplase.
EL JUEZ SEGUNDO DE CONTROL


ABG. TOMÁS JOSÉ ALCALÁ RIVAS.
LA SECRETARIA


ABG. ROSA MOYA.
En fecha veintinueve (29) de noviembre del dos mil seis (2006) se dio cumplimiento a lo ordenado.
LA SECRETARIA


ABG. ROSA MOYA.