ASUNTO PRINCIPAL : RK01-P-2002-000051 ASUNTO : RK01-P-2002-000051 Visto el contenido del escrito presentado por el defensor público JOSE LUIS GARCIA SOSA, donde solicita el cese de la medida de coerción personal que fue decretada en contra de su defendido, EDUARDO JOSE FUENTES, consistente en presentaciones periódicas ante la autoridad por cuanto la misma se ha prolongado por más de dos años, que es un lapso mayor al previsto en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, habiendo cumplido a cabalidad su defendido con el régimen de presentaciones impuesto, este tribunal pasa a decidir en base a las siguientes consideraciones: El cese de las medidas de coerción personal que se hayan decretado en contra del acusado durante el proceso penal, no sucede de pleno derecho, por el solo hecho de haber transcurrido el lapso máximo previsto en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, que es de dos años, sino que requiere de una decisión judicial, donde el Juez, analice las causas y circunstancias por las cuales se ha extendido el proceso por todo ese tiempo, dado que aun cuando la norma se refiere a que “en ningún caso” las medidas podrán extenderse por un termino mayor al señalado, también prevé la excepción, que es cuando el Ministerio Público haya solicitado prorroga y la jurisprudencia ha desarrollado otra excepción, que es el caso cuando la causa del retardo procesal, sea imputable al acusado o su defensa, lo que significa que no es un derecho absoluto. Por tanto, hay que atender a la finalidad de las medidas de coerción personal, para establecer esta segunda excepción, tal como lo ha sostenido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia N° 1712/ del 12 de septiembre de 2001, caso: Rita Alcira Coy y otras), donde se dejó claro que ante las actuaciones de mala fe del imputado o su defensor, no puede operar en su favor la disposición del artículo 244 en cuanto al lapso máximo de prolongación del proceso, ya que si dicha prolongación se debe a tácticas dilatorias y obstaculizaciones a la marcha normal del proceso, generadas o producidas por las actuaciones u omisiones de la defensa o del imputado, no puede pretender premiársele tal actitud, con el cese de la medida de coerción personal, puesto que la finalidad de las mismas, es precisamente evitar las obstaculizaciones del proceso por parte del imputado. Revisadas las actuaciones de la causa, se constata que el acusado EDUARDO JOSE FUENTES, fue privado de libertad en fecha 22 de enero del año 2000, permaneciendo detenido hasta 25 de enero de 2000, fecha en la cual el Juzgado Segundo de Control, decretó una medida cautelar sustitutiva de libertad, imponiéndole la obligación de presentarse cada ocho días por ante la Unidad de Alguacilazgo de este Circuito Judicial y desde ese entonces el mencionado ciudadano ha estado limitado en el pleno ejercicio de su derecho a la libertad personal, por la citada medida. En cuanto al desarrollo del proceso, el mismo ha presentado un marcado atraso imputable no solo al acusado, sino también al Ministerio Público y el Tribunal, por lo que no se evidencia actuación de mala fe por parte del acusado, para obstaculizar la normal marcha del proceso y así se declara. Por todo lo expuesto y dado que han trascurrido más de cinco años desde que fue decretada la medida cautelar en contra del acusado ya mencionado, sin que haya mediado mala fe de su parte en el retardo evidenciado en el curso de la causa, con fundamento en lo establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal penal, es procedente declarar con lugar la solicitud de cese de la medida de coerción personal, formulada por la defensa y así se decide. Con fundamento en los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Primero de Juicio actuando en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara con lugar la solicitud de cese de medida de coerción personal formulada por la defensa del acusado EDUARDO JOSE FUENTES y en consecuencia se da por terminada la obligación que se le impuso al citado ciudadano de presentarse cada ocho días por ante la Unidad de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal. Libre Oficio a la citada Unidad y notifíquese a las partes. EL JUEZ ABG. JUAN CHIRINO COLINA LA SECRETARIA ABG. MARIA VICTORIA AGUILAR